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Ciudadanía migrante, representantes de organizaciones civiles y estatales participaron el martes 18 de febrero de 2020, en el teatro Prometeo de Quito, del programa de radio Diálogo Público denominado “Criminalización de la migración y derechos humanos en el marco del Proyecto de Reforma a la Ley de Movilidad Humana”.Desde el punto de vista de las organizaciones civiles, las reformas planteadas por el gobierno buscan facilitar los mecanismos de deportaciones que está en la agenda del ejecutivo para controlar el movimiento migratorio.En respuesta a estas afirmaciones, María Fernanda Cevallos Directora de Protección Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, representando al ejecutivo, manifestó que la normativa busca el cumplimiento de las obligaciones por parte de la población migrante y que esta permita una sociedad mejor, donde se respeten los espacios de las personas. Durante el Diálogo Público se planteó las distintas situaciones que está generando el censo o registro que viene realizando el ejecutivo con la población migrante, especialmente venezolana. Por ejemplo, el caso de los menores de edad que no tienen pasaporte y no tienen partida apostillada, ya que legalizar ese documento les significa un gasto de 600 dólares, dinero que no tienen producto de la crisis económica en Venezuela, que les ha llevado a migrar de manera forzada y en situación precaria. Otras de las interrogantes fueron: ¿cómo van a quedar los migrantes que tienen carta andina y no pasaporte?, ¿qué va a pasar luego del 31 de marzo fecha prevista del vencimiento de plazo del registro?; preguntas que no tuvieron respuestas claras por parte de la representante del ejecutivo.Los actores sociales que trabajan con personas en movilidad humana manifestaron que las redadas y multas que se vienen realizando especialmente con migrantes venezolanos, consideran que están prohibidas, porque no siguen el debido proceso. De otro lado, las personas en movilidad humana manifestaron que si bien el PTP, permiso temporal de permanencia, que les han otorgado, por un periodo de seis meses, les permite insertarse en el ámbito laboral, acceder a salud y educación, sin embargo, este es limitado y no necesariamente les garantiza el cumplimiento de sus derechos. En el diálogo público se recordó que Ecuador ha firmado tratados internacionales de derechos humanos que deben respetarse.
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